Un contrato con las cláusulas bien negociadas tiene un valor económico real desde el momento en que se firma. ¿Cuáles son esas cláusulas que no pueden faltar? ¿Qué deben tener en cuenta en este tipo de contratos? Claramente dependerá del tipo de negocio jurídico que tengan en frente, pero si están claras las obligaciones, los precios, los plazos y las consecuencias del incumplimiento, el contrato puede ser una garantía de rentabilidad.
Así como las empresas gestionan sus activos y revisan la depreciación de la maquinaria, los edificios, el inventario o el dinero en el banco, lo mismo se debe hacer con los contratos: se deben activar alertas de “deterioro del activo contractual”. Un ejemplo claro ocurrió este año con el aumento del SMLMV y del IPC: los contratos de prestación de servicios que contemplaban mano de obra sufrieron un desequilibrio contractual inmediato y el margen de ganancia dejó de ser una realidad operativa.
Una máquina recibe mantenimiento para no dañarse; un contrato requiere auditorías periódicas de hitos, entregables y fechas de renovación para no perder vigencia o activar penalidades. Monitorear activamente las cláusulas y revisar el impacto de causas internas o externas en el negocio puede evitarle un golpe financiero. Un contrato bien gestionado no es un documento de archivo — es un activo que sigue generando o protegiendo valor mientras esté vigente.
El problema se presenta cuando no se tiene contrato o simplemente se ha tomado una proforma. Es por eso la importancia de tener un acuerdo que esté bien estructurado, por escrito, y que contemple lo fundamental para cada negocio, así se transforma en una posición jurídica real, en la que las partes pueden exigir, defender o incluso transferir derechos si es necesario.
Un buen contrato debe proteger el flujo de caja y buscar reducir las pérdidas. Por lo tanto, las variables económicas dependerán de lo siguiente dentro del contrato:
- Fijar un precio justo: dependiendo de si son productos o servicios, hay que tener presente el valor de mercado y procurar que el contrato no sea lesivo para ninguna de las partes.
- Forma de pago: definir cuándo se paga la factura una vez radicada, cumpliendo los requisitos legales, dentro de un plazo prudente — máximo entre 30 y 60 días — y teniendo en cuenta la Ley de Pago a Plazos Justos para pymes.
- Vencimiento claro de la factura: para cumplir con la ley y que sea exigible como título ejecutivo, pero también para poder estimar su flujo de caja. En caso de mora, dejar estipulados los intereses moratorios o la suspensión del servicio, según corresponda.
- Reajustes: establecer en el contrato la posibilidad de hacer reajustes en casos extraordinarios — cambios anuales del SMLMV, incrementos del IPC, entre otros.
- Causales de terminación: contemplar un plan de salida (exit plan) para los casos en que la realidad operativa del contrato se vuelva inviable y esté generando pérdidas para el negocio.
En LEAD somos expertos en la elaboración de contratos y en ajustarlos, previendo y mitigando todos los riesgos mencionados. No dude en contactarnos.